El asunto Boadilla parece convertirse en una auténtica caja de sorpresas. Lo curioso es que no hayan salido a la luz mucho antes y se junte ahora todo a raíz de la actuación del juez Garzón.
Como informa El Economista, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 2 de Madrid está investigando una de las concesiones "sospechosas" que llevó a cabo el ex alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, imputado en la operación Gürtel (cinturón en alemán) que instruye el juez Garzón. Lo más llamativo es que la beneficiada de la concesión es la SGAE (Sociedad General de Autores de España), la sociedad controlada por los "titiriteros" tan criticada por el PP.Hace tres años, el hasta hace pocos días alcalde popular de Boadilla, que ha tenido que dimitir por la presunta trama de corrupción en relación con empresarios cercanos al PP, concedió a la entidad la explotación del Palacio del Infante Don Luis por un plazo de 75 años. Se trata de una joya arquitectónica del siglo XVIII, obra del arquitecto Ventura Rodríguez, y que era de titularidad municipal por expropiación (porque sus antiguos dueños no se preocupaban mucho por su restauración) y que la SGAE quiere convertir en la sede de la Fundación Autor. A cambio de la concesión, la SGAE sólo se tuvo que comprometer a restaurar el palacio.
Según el ayuntamiento,
éste convocó un concurso público, pero alega por otra parte que sólo hubo una sociedad que optó por su gestión: la SGAE. La transmisión se hizo a coste cero, aunque la entidad de los autores se comprometió a invertir un mínimo de 30 millones de euros en su rehabilitación.Pero la entidad que preside Teddy Bautista no ha contado con la oposición de los vecinos de Boadilla del Monte. La Asociación de Amigos del Palacio, que califica la cesión del palacio de atroz, exige que el edificio sea utilizado para fomentar la vida social y cultural del municipio y en esta línea presentó una denuncia ante la Comunidad de Madrid, que se sumaba a una demanda ante los tribunales del partido Alternativa por Boadilla (APB). "Vamos a luchar para que el Palacio sea del pueblo, llevamos ocho años haciéndolo", asegura la presidenta de esta agrupación, Paloma Olmedo.
Tanto esta asociación como APB
reprochan al ayuntamiento de la localidad, que adquirió el edificio en 1998 por tan sólo 12 millones de euros, que no haya sido capaz de encontrar un uso mejor para el edificio "que convertirlo en la sede de la SGAE". Pero existen más irregularidades en toda la tramitación, algo que parece ser el tenor general de la gestión municipal del PP. De los 30 millones que la SGAE pensaba gastar en rehabilitación, sólo nueve se dedicarán a ese fin, mientras que el resto, 21 millones, "es dinero o inversión para su exclusivo proyecto de obra nueva y en su exclusivo beneficio" explicó el portavoz de APB, Ángel Galindo.En el acuerdo del pleno del 22 de diciembre de 2006, el PP de Boadilla autorizó a la SGAE a hipotecar el conjunto histórico para su rehabilitación. Un hecho que tanto la asociación que lleva ocho años luchando por la conservación del Palacio como el partido minoritario en la oposición, califican de inadmisible. "Esta es la política cultural y de conservación del patrimonio histórico del alcalde de Boadilla, con la financiación la SGAE adaptará un monumento único en España para convertirlo en sus oficinas, cosa que no vamos a admitir bajo ningún concepto", afirmó Ángel Galindo a los pocos días de la aprobación. Posteriormente llevó el asunto ante los tribunales.
Según la
Asociación de Amigos del Palacio, el proyecto de la entidad que defiende a los autores no ofrece ninguna contraprestación relevante para los ciudadanos. Además, al estar calificado como Bien de Interés Cultural (BIC), el proyecto de la SGAE, realizado por el arquitecto Santiago Fajardo, desafiaba, según los expertos, la adecuada conservación del Palacio.En el convenio que firmaron González Panero y Teddy Bautista, se dice, literalmente que "si hubiese una resolución judicial firme dictada en alguno de los procesos contencioso-administrativos (existen más juicios por la expropiación) el concesionario tendrá derecho frente a la Administración concedente a obtener el debido reequilibrio patrimonial respecto a las inversiones realizadas". Según los denunciantes, el proyecto está paralizado por la Comunidad de Madrid. La SGAE lo niega y dice que está en obras.
Ciudadanos se suma a la protesta por la concesión. Consideramos que los vecinos de Boadilla del Monte de merecen una gestión más responsable del patrimonio cultural municipal y un uso que beneficie a todos los ciudadanos y que no se sustraiga este patrimonio del uso público cediéndolo a una sociedad de autores que hasta ahora ha dado muestras claras de su alejamiento de la sociedad. Dado que se trata de un patrimonio propiedad del municipio y, por tanto, de sus vecinos en su conjunto, son los ciudadanos que deberían decidir sobre los usos futuros y no en solitario un alcalde o el partido mayoritario.
La historia del Palacio del Infante Don Luis aquí
No hay comentarios:
Publicar un comentario